Denuncia por espionaje con Pegasus abre crisis interna en el Gobierno y apunta al Ministerio de Defensa
Una nueva controversia golpea al Gobierno del presidente Gustavo Petro en los primeros días de 2026, luego de que el ministro de Justicia (e) y secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, denunciara haber sido objeto de espionaje ilegal a través del software Pegasus, una herramienta de vigilancia digital de alto nivel.
Según el funcionario, las interceptaciones habrían comenzado en 2025 y no solo lo habrían afectado a él, sino también a su núcleo familiar. Idárraga afirmó que la información que ha logrado recopilar indica que la operación de espionaje habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, con el uso de estructuras de contrainteligencia del Ejército y recursos provenientes de gastos reservados del Estado.
La gravedad de la denuncia radica en que, de confirmarse, se trataría de un caso de interceptaciones ilegales ejecutadas al interior del propio Gobierno nacional. En un mensaje divulgado públicamente, Idárraga expresó su preocupación por el uso de herramientas de inteligencia contra funcionarios que hacen parte de la administración y cuestionó los objetivos de este tipo de seguimientos.
Ante la situación, el ministro solicitó formalmente a la Contraloría General de la República que investigue el manejo de los recursos destinados a contrainteligencia y anunció que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra personas indeterminadas. Su objetivo, dijo, es que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
El señalamiento desató reacciones inmediatas en el escenario político. El ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó su solidaridad con Idárraga y recordó que en diciembre de 2025 él mismo denunció haber sido víctima del mismo software de espionaje, tras una investigación privada. Benedetti aseguró que conoce el impacto personal y político que generan este tipo de seguimientos, aunque evitó revelar quiénes estarían detrás de su caso.
Desde el Congreso también se alzaron voces de preocupación. El representante del Pacto Histórico, David Racero, calificó la denuncia como “muy grave” y sostuvo que el Ministerio de Defensa debe responder ante la posibilidad de una violación de las comunicaciones de un ministro de Estado. Por su parte, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, advirtió que el caso plantea serias dudas sobre el respeto a las garantías democráticas, incluso para quienes integran el Gobierno.
Hasta ahora, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a las acusaciones. Tampoco se ha confirmado si existió algún contacto previo entre los funcionarios involucrados antes de que la denuncia se hiciera pública. Cabe recordar que esa cartera estuvo en cabeza de Iván Velásquez hasta febrero de 2025, cuando se produjo el relevo ministerial.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de Pegasus en Colombia, un software de espionaje cuya presencia y legalidad han sido cuestionadas en varias ocasiones, y abre un nuevo capítulo de tensión institucional dentro del Ejecutivo.
