El decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional a finales de diciembre empezó a ser objeto de revisión política este viernes, luego de que el presidente del Congreso, Lidio García, convocara al Senado de la República a una sesión extraordinaria en medio del receso legislativo. La decisión activó el debate institucional sobre los alcances del control político durante los periodos no ordinarios de sesiones.
La citación, programada de manera virtual, tiene como punto principal la notificación de ascensos en las Fuerzas Militares y de Policía. Sin embargo, la agenda incluye un espacio para que los congresistas se pronuncien sobre la declaratoria de emergencia económica, una medida que fue adoptada por el Ejecutivo el pasado 22 de diciembre, cuando el Congreso y la Corte Constitucional se encontraban en pausa por el cierre del año.
La iniciativa de reabrir el debate legislativo surgió tras la presión de sectores de oposición, que consideran necesario examinar de inmediato las razones y efectos del decreto. Entre ellos se encuentra el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien promovió la convocatoria al advertir que la emergencia podría tener repercusiones significativas en la estabilidad económica y fiscal del país.
Motoa anunció que durante la sesión presentará una proposición para citar un debate de control político, con el fin de evaluar tanto el contenido del decreto como las decisiones que el Gobierno pretende adoptar bajo esta figura excepcional. Según el congresista, se trata de un ejercicio constitucional que no admite aplazamientos.
El senador recordó que la Constitución de 1991 consagra el control político como una función permanente del Congreso, que puede ejercerse sin importar si el Legislativo se encuentra o no en sesiones ordinarias. En contraste, explicó que los límites temporales aplican únicamente para el trámite de leyes y reformas constitucionales.
La convocatoria del Senado generó una reacción crítica desde el Ejecutivo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que el Congreso no puede iniciar el estudio de la emergencia económica sin que el Gobierno remita previamente el informe detallado de las medidas adoptadas, como lo exige el artículo 215 de la Constitución y la Ley 137 de 1994. A su juicio, dicho requisito aún no se ha cumplido.
Benedetti también cuestionó la legalidad de realizar una sesión virtual sin una causa excepcional que la justifique. A estas críticas se sumaron las del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien endureció el discurso al señalar al presidente del Congreso como un obstáculo para el avance de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Frente a estos señalamientos, Lidio García defendió la convocatoria y aseguró que ninguna norma constitucional prohíbe al Congreso reunirse en sesiones extraordinarias para ejercer control político mientras se espera el informe del Gobierno. Subrayó que el Legislativo es un poder autónomo y que su deber es examinar con rigor los decretos expedidos al amparo de estados de excepción.
El presidente del Senado calificó la decisión como un acto de responsabilidad institucional y respondió a las críticas personales a través de sus redes sociales, donde reiteró la independencia del Congreso y rechazó los calificativos en su contra.
Con un ambiente político marcado por la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, la sesión extraordinaria del Senado se perfila como un primer escenario de revisión del decreto de emergencia económica. Incluso, ya se estudia la posibilidad de convocar nuevas sesiones en los próximos días para disponer del tiempo necesario que permita un análisis completo de la medida adoptada por el Gobierno en medio del receso legislativo y la vacancia judicial.
