Iván Cepeda exige investigar audios de disidencias de alias Calarcá que pedirían votar por él: “No aceptamos presiones armadas”
El senador y candidato presidencial Iván Cepeda salió al paso de la controversia generada por la difusión de unos presuntos audios de integrantes de las disidencias de las Farc lideradas por alias “Calarcá”, en los que supuestamente se estarían promoviendo votos a favor de su candidatura mediante intimidaciones y control territorial en varias zonas del país.
La situación generó fuertes reacciones políticas luego de que se conocieran grabaciones atribuidas a alias “Rogelio”, un integrante del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura armada que mantiene presencia en regiones del sur del país y que, hasta hace algunos meses, participaba en acercamientos con el Gobierno nacional en el marco de la política de paz total.
En los audios divulgados por Noticias RCN, el hombre habla sobre la conveniencia de una eventual victoria electoral de Cepeda y hace referencia a supuestas instrucciones dirigidas a las comunidades para respaldar políticamente al candidato del petrismo.
“Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí sí nos vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, dice uno de los fragmentos revelados públicamente y que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades.
Tras conocerse el contenido de las grabaciones, Cepeda rechazó de manera tajante cualquier tipo de apoyo armado o presión ilegal en favor de su campaña y pidió que los hechos sean investigados con toda la contundencia judicial.
“Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico, ni las fuerzas de la Alianza por la Vida, ni mi campaña, ni yo en mi condición de candidato presidencial, aceptamos esta clase de acciones”, aseguró el senador.
El dirigente agregó que los responsables deben responder ante la justicia y reiteró que su campaña no tiene relación alguna con grupos ilegales ni con actuaciones destinadas a intimidar votantes.
Además, Cepeda reveló que durante los últimos días recibió información de organizaciones sociales, autoridades locales y reportes de la Defensoría del Pueblo relacionados con posibles presiones armadas sobre las comunidades en algunos territorios del país.
“Dicha información da cuenta de presiones ejercidas por grupos armados sobre el electorado en algunos territorios del país, orientadas a incidir en el sentido del voto, a favor o en contra de las candidaturas presidenciales”, afirmó el candidato presidencial.
El caso ha generado especial preocupación debido a que las denuncias provienen de zonas históricamente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y economías criminales asociadas al narcotráfico.
Según informes de inteligencia conocidos tras la difusión de los audios, las disidencias de alias “Calarcá” estarían fortaleciendo mecanismos de control territorial en sectores cercanos a Puerto Cachicamo, en el departamento del Guaviare.
Las autoridades investigan denuncias sobre presuntas extorsiones a campesinos y habitantes de la región, quienes, según las grabaciones, estarían siendo obligados a pagar sumas de dinero para permanecer en sus tierras.
“El que no tenga el carné paga 150.000 o 200.000 pesos, o si no se va del territorio”, se escucha decir a alias “Rogelio” en uno de los audios difundidos.
El presunto disidente también menciona que quienes se nieguen a cumplir las órdenes de la estructura armada podrían ser expulsados de la zona. Las autoridades consideran que estas acciones formarían parte de un esquema de presión social y control ilegal sobre corredores estratégicos utilizados para actividades ilícitas.
De acuerdo con información de inteligencia militar, alias “Rogelio” sería cercano a alias “Caicedo”, señalado cabecilla disidente vinculado por las autoridades a recientes ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en esa región del país.
La polémica volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la influencia de organizaciones armadas ilegales en el escenario político y electoral colombiano, especialmente en departamentos donde la presencia institucional sigue siendo limitada.
Aunque Cepeda negó cualquier vínculo con estas actuaciones y pidió una investigación exhaustiva, sectores políticos de oposición exigieron claridad sobre el alcance de las presuntas presiones y reclamaron mayores garantías para el proceso electoral.
Mientras tanto, organismos judiciales y de inteligencia avanzan en la verificación técnica de los audios para determinar su autenticidad, identificar a los responsables y establecer si efectivamente existieron instrucciones para influir ilegalmente en el comportamiento electoral de las comunidades.
