Paloma Valencia da giro en su postura sobre una eventual extradición de Petro y reabre el debate político sobre justicia y poder

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia quedó nuevamente en el centro de la discusión política nacional tras modificar públicamente su posición frente a un escenario hipotético relacionado con la extradición del presidente Gustavo Petro.

La dirigente del Centro Democrático había sido cuestionada días atrás luego de una entrevista concedida a Vicky Dávila en SEMANA, donde evitó responder de manera directa si firmaría o no una eventual extradición del mandatario colombiano en caso de llegar a la Casa de Nariño.

En aquel momento, Valencia insistió en que no creía en las “persecuciones políticas” contra líderes con respaldo popular y dejó abierta la discusión sobre el impacto institucional y social que tendría una decisión de ese calibre.

Sin embargo, menos de dos semanas después, la precandidata endureció su discurso y afirmó públicamente que sí aprobaría la extradición de Petro si una solicitud internacional cumple todos los requisitos legales y es avalada por la justicia colombiana.

El pronunciamiento que marcó el cambio

La nueva postura fue presentada a través de un mensaje publicado en la red social X, donde la congresista compartió un fragmento de una entrevista en el programa Indagatoria, conducido por el periodista Melquisedec Torres.

En la publicación, Valencia aseguró que durante un eventual gobierno suyo no existirían privilegios políticos frente a la justicia y que cualquier decisión relacionada con extradición estaría basada exclusivamente en el cumplimiento de la ley.

“Si a Petro lo piden en extradición y la Corte Suprema la avala, se extradita”, escribió la dirigente política.

La frase rápidamente se convirtió en tendencia y reactivó la discusión sobre el uso político de la justicia, el alcance de la extradición y el papel de las instituciones en medio de la creciente polarización nacional.

“No usaré la justicia para perseguir opositores”

Aunque defendió la posibilidad de aprobar una eventual extradición, Valencia aclaró que rechaza la utilización de procesos judiciales con fines políticos.

Durante la entrevista, la precandidata afirmó que no pretende convertir la justicia en un mecanismo de persecución contra sectores ideológicos contrarios ni en una herramienta electoral.

“Yo no voy a usar la justicia como instrumento político. No creo en la instrumentalización de la justicia ni en las persecuciones políticas”, manifestó.

No obstante, hizo una precisión que marcó distancia respecto a lo que había dicho anteriormente en SEMANA.

Según explicó, si el gobierno de Estados Unidos presentara una acusación formal contra Petro, acompañada de pruebas y de una solicitud de extradición avalada por las cortes colombianas, no dudaría en autorizarla.

“Cualquier persona que haya cometido delitos y sea solicitada en extradición, si el proceso llega a mis manos y me corresponde firmar, se va”, afirmó.

La senadora incluso fue más allá y aseguró que esa decisión no dependería de las consecuencias políticas que pudiera provocar dentro del país.

“No importa el impacto político que eventualmente pudiera tener poner en un avión de la DEA a Gustavo Petro”, declaró.

La entrevista en SEMANA que generó las críticas

El nuevo pronunciamiento contrastó de inmediato con las declaraciones que Valencia había entregado días antes en conversación con Vicky Dávila.

Durante esa entrevista, la periodista le planteó directamente un escenario hipotético: si Estados Unidos solicitara la extradición de Gustavo Petro y la Corte Suprema aprobara el procedimiento, ¿firmaría la orden como presidenta?

La dirigente respondió inicialmente que se trataba de una pregunta “superhipotética y superdifícil”, y sostuvo que antes de tomar cualquier decisión habría que revisar las pruebas, las condiciones jurídicas y el contexto político del caso.

“Uno tiene que cumplir la ley”, dijo en ese momento, aunque luego agregó una reflexión que terminó generando controversia.

“Yo sí creo que para un país esas persecuciones políticas de los líderes políticos son tremendamente complicadas”, expresó.

La senadora también insistió en que una situación de ese tipo no solo impactaría a Petro como individuo, sino también a los millones de ciudadanos que lo respaldan políticamente.

“Porque es que no es Petro. Es la gente que lo sigue”, señaló.

Cuando Dávila le preguntó si eso significaba que el mandatario tendría una especie de inmunidad política por ser presidente o líder de un movimiento político, Valencia evitó responder de manera categórica y comparó el escenario con preguntas extremas que obligan a tomar decisiones bajo presión.

La falta de una respuesta clara provocó críticas tanto desde sectores opositores como desde algunos simpatizantes de derecha, quienes consideraron ambiguo el mensaje de la precandidata.

Reacciones en redes y sectores políticos

Tras el cambio de postura, las reacciones no tardaron en aparecer.

En redes sociales, varios usuarios aseguraron que Valencia rectificó su posición después del debate que provocó la entrevista inicial. Otros señalaron que la dirigente simplemente aclaró que su postura siempre estuvo condicionada al respeto por el debido proceso y la legalidad.

Desde sectores cercanos al petrismo, algunos dirigentes criticaron que se mantengan escenarios hipotéticos de extradición como parte del debate político nacional, argumentando que ese tipo de discusiones profundizan la polarización.

Mientras tanto, voces afines al Centro Democrático respaldaron la nueva declaración y destacaron que la senadora dejó claro que, en su visión, nadie puede estar por encima de la ley.

El episodio también volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la extradición en Colombia, una figura históricamente polémica que ha marcado distintos momentos políticos y judiciales del país.

Justicia, política y campaña presidencial

Las declaraciones de Paloma Valencia llegan en medio del inicio anticipado del ambiente electoral rumbo a las próximas elecciones presidenciales.

La oposición y el oficialismo ya comenzaron a medir fuerzas en temas sensibles relacionados con justicia, institucionalidad y poder político, en un escenario donde cada declaración genera fuertes repercusiones mediáticas.

Aunque actualmente no existe ninguna solicitud real de extradición contra el presidente Gustavo Petro, el debate evidenció nuevamente el nivel de polarización que atraviesa la política colombiana y cómo los escenarios hipotéticos se han convertido en herramientas de confrontación dentro de la narrativa electoral.

El episodio también reflejó las tensiones permanentes entre la defensa de la legalidad, el temor a la instrumentalización judicial y el impacto político que tendrían decisiones extremas sobre figuras de alto perfil nacional.