Multas, tutelas y decisiones bajo escrutinio: el rastro que dejó la intervención de Nueva EPS
La intervención de la Nueva EPS sigue pasando factura. El paso de Bernardo Camacho como agente interventor entre 2024 y 2025 derivó en sanciones que superan los 2.117 millones de pesos por incumplimientos a fallos de tutela, un indicador que pone en cuestión la capacidad de respuesta de la entidad en uno de los momentos más críticos del sistema de salud.
Las multas, registradas por la Rama Judicial y concentradas entre enero y julio de 2025, corresponden a incidentes de desacato frente a órdenes emitidas para garantizar servicios médicos a usuarios. A este monto se suman cerca de 196 millones de pesos adicionales en procesos relacionados con Luis Fernando Bernal, también vinculado a la administración de la entidad.
Un problema que trasciende lo individual
Aunque jurídicamente las sanciones recaen sobre funcionarios y no sobre la EPS como persona jurídica, el volumen y la reiteración de los desacatos evidencian fallas en la ejecución de decisiones judiciales en una entidad que concentra millones de afiliados.
Los datos fueron confirmados por el Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de respuestas oficiales a solicitudes relacionadas con procesos en curso. Detrás de cada sanción hay acciones de tutela impulsadas por usuarios, lo que refleja tensiones persistentes entre la operación del sistema y la garantía efectiva del derecho a la salud.
A esto se suma un elemento adicional: los montos acumulados superan el patrimonio reportado por Camacho al asumir el cargo, lo que deja abierta la incertidumbre sobre el pago de las sanciones.
El caso escala al plano político
El impacto de este episodio no se limita al ámbito judicial. La designación de Camacho como superintendente de Salud, posterior a su gestión en la intervención, abrió un frente de cuestionamientos contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
El nombramiento, realizado cuando el ministro ejercía funciones presidenciales encargadas, es objeto de indagación en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, una instancia que rara vez examina decisiones de este tipo en el gabinete.
Como medida para evitar conflictos de interés en el seguimiento a la crisis de la EPS, se designó una superintendencia ad hoc encabezada por Luz María Múnera, separando a Camacho de cualquier decisión directa sobre la entidad que había administrado.
Reuniones estratégicas en medio de la crisis
En paralelo, la intervención del sistema de salud avanzaba con reuniones periódicas entre el Ministerio y los agentes interventores de varias EPS. Entre enero y marzo se llevaron a cabo al menos nueve encuentros en los que se revisaron temas críticos como el flujo de recursos, la contratación con la red pública, el abastecimiento de medicamentos y la gestión de quejas de usuarios.
En estas sesiones participaron entidades como Famisanar, Capresoca, Asmet Salud, Coosalud, Emssanar, Savia Salud y SOS, en un escenario donde el Estado mantiene bajo control una parte significativa del sistema.
Estos espacios buscaban monitorear indicadores y ajustar la operación, en medio de crecientes presiones financieras y operativas.
Cambio de mando en un momento clave
La salida de Camacho de la Superintendencia, a mediados de abril, se dio en un contexto de alta tensión política y a pocos meses del cierre del actual Gobierno. Su renuncia marca un punto de transición en la supervisión del sistema intervenido.
La responsabilidad ahora recae en Daniel Quintero, quien asumirá temporalmente la coordinación de estas entidades en un periodo limitado, pero determinante para estabilizar su funcionamiento.
Un síntoma de problemas estructurales
Más allá de los nombres y las cifras, el caso vuelve a poner sobre la mesa un problema de fondo: la dificultad del sistema de salud para cumplir de manera oportuna con decisiones judiciales que buscan garantizar derechos fundamentales.
Las tutelas continúan siendo una vía recurrente para acceder a servicios, y su incumplimiento no solo genera sanciones económicas, sino que también expone fallas en la gestión, la coordinación institucional y la capacidad operativa.
En ese contexto, las millonarias multas no son un hecho aislado. Son el reflejo de un sistema bajo presión, donde las decisiones administrativas, el control político y las órdenes judiciales convergen en una tensión permanente que sigue sin resolverse.
