Escolta de Jaime Luis Lacouture quedó libre: dinero devuelto, versiones cruzadas y policías bajo la lupa
La detención de Luis Alfredo Acuña, escolta asignado al secretario general de la Cámara de Representantes, desató un fuerte debate jurídico y político. Fue capturado en La Guajira cuando se movilizaba con 145 millones de pesos en efectivo y material electoral pedagógico. Sin embargo, una juez de control de garantías declaró ilegal el procedimiento, ordenó su libertad y dispuso la devolución del dinero.
El caso no solo enfrenta versiones contradictorias, sino que ahora también pone el foco en la actuación de los policías que realizaron el operativo.
Cómo ocurrió la detención
De acuerdo con el relato entregado por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, el vehículo en el que se transportaba el escolta fue detenido inicialmente en un retén policial.
En esa primera inspección, según la versión conocida, no se habría encontrado nada irregular más allá de material electoral pedagógico —tarjetones explicativos sobre cómo votar—, que en sí mismos no constituyen delito.
Posteriormente, el vehículo presentó una falla mecánica. Según lo informado, habría cargado gasolina mezclada con agua en una estación de servicio, lo que impidió que encendiera nuevamente. El carro fue entonces trasladado en una grúa.
Fue en una segunda revisión, cuando el vehículo estaba sobre la grúa, que los uniformados encontraron siete paquetes con dinero en efectivo en la maleta del escolta.
El señalamiento de un posible “montaje”
Rodríguez afirmó que, según lo que el propio escolta le contó a la persona protegida, el procedimiento tuvo irregularidades. De acuerdo con esa versión:
- Los policías habrían bajado inicialmente las bolsas con el dinero.
- Luego las habrían llevado a un punto de control.
- Posteriormente, un oficial habría ordenado marcar los paquetes con nombres de políticos del departamento.
- Finalmente, se habría “recreado” la escena mientras se grababan videos con celulares.
El director de la UNP fue enfático en aclarar que esa es la versión del implicado y que corresponde a la Fiscalía establecer si hubo o no irregularidades en la actuación policial.
Al mismo tiempo, manifestó molestia institucional por el impacto reputacional que el caso genera, ya que el escolta pertenece a un esquema financiado con recursos públicos.
El permiso y la controversia administrativa
Un punto clave es que el desplazamiento del escolta a Maicao habría sido autorizado directamente por Lacouture, con el argumento de que realizaría una negociación para cambiar de vehículo.
Rodríguez calificó esa autorización como irregular, señalando que cualquier ausencia de un escolta debe ser coordinada formalmente con la UNP para garantizar reemplazo y continuidad en la protección.
Desde la óptica administrativa, la UNP evalúa si hubo incumplimiento de protocolos internos, independientemente del desenlace penal.
La defensa: captura ilegal y cambio de delito
El abogado Iván Cancino asumió la defensa del escolta a petición de Lacouture y sin cobrar honorarios, según afirmó públicamente.
Su línea argumentativa se basa en tres ejes principales:
1. Violación de garantías procesales
Acuña permaneció cerca de 32 o 33 horas privado de la libertad sin ser presentado oportunamente ante un juez, lo que llevó a la declaración de ilegalidad de la captura.
2. Inexistencia de flagrancia
Cancino sostiene que portar dinero en efectivo no es delito en Colombia. Tampoco lo es transportar material electoral pedagógico. Por lo tanto, no se configuraba una captura en flagrancia.
3. Cambio de tipificación penal
Inicialmente, la detención habría estado relacionada con omisión de declaración de bienes. Posteriormente, la Fiscalía modificó el delito a lavado de activos bajo las modalidades de custodia o transporte.
Según la defensa, en audiencia no se presentó prueba alguna del origen ilícito del dinero, requisito indispensable para sostener ese delito.
La juez no solo declaró ilegal la captura, sino que también ordenó devolver los 145 millones de pesos.
La carga de la prueba
Uno de los puntos centrales del debate jurídico es la carga probatoria. En delitos como el lavado de activos, corresponde a la Fiscalía demostrar que el dinero tiene un origen ilícito o que está vinculado con una actividad criminal.
La defensa insiste en que no existe, hasta el momento, evidencia que relacione el dinero con delito alguno. La sospecha, por sí sola, no es suficiente para una imputación sólida.
El foco ahora: los policías
Tras la decisión judicial, el caso dio un giro: ahora se investiga la actuación de los uniformados que realizaron el procedimiento.
Las dudas giran en torno a:
- La cadena de custodia del dinero.
- El presunto marcaje de las bolsas con nombres de políticos.
- La reconstrucción de la escena para grabación.
- El tiempo transcurrido antes de presentar al detenido ante un juez.
Si se comprueba alguna irregularidad, podría haber consecuencias disciplinarias o penales.
Contexto político y electoral
El caso ocurre en la antesala de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, lo que incrementa la sensibilidad frente a cualquier hallazgo de grandes sumas en efectivo vinculadas a entornos políticos.
Aunque hasta ahora no existe imputación formal por financiación ilegal ni prueba de origen ilícito, el episodio ha alimentado suspicacias públicas en un clima preelectoral.
Situación actual
- El escolta está en libertad.
- El dinero fue devuelto por orden judicial.
- La Fiscalía continúa con la investigación.
- La UNP revisa posibles faltas administrativas.
- Se examina la legalidad del procedimiento policial.
El desenlace dependerá de si las autoridades logran probar algún vínculo del dinero con actividad ilícita o si, por el contrario, se confirma que la captura fue producto de un procedimiento defectuoso sin sustento penal suficiente.
