Gobierno recurre a utilidades y energía de los generadores para contener la crisis eléctrica
En medio de una creciente presión financiera sobre el sistema eléctrico, el Gobierno decidió intervenir directamente el eslabón de la generación. A través del Decreto 044 de 2025, expedido bajo el estado de emergencia económica, el Ejecutivo puso en marcha un mecanismo extraordinario para redirigir recursos desde las empresas con resultados positivos hacia aquellas que atraviesan procesos de intervención y riesgo de insolvencia.
La decisión reconoce que la crisis ya no se limita a un problema operativo puntual, sino que amenaza la estabilidad de toda la cadena del mercado mayorista. Ante la falta de margen fiscal y el agotamiento de las soluciones convencionales, el Gobierno optó por un esquema que redistribuye internamente los costos del sistema.
Un gravamen directo sobre la rentabilidad
El decreto crea una contribución parafiscal del 2,5 % aplicada sobre la utilidad antes de impuestos generada en 2025 por las empresas dedicadas a la generación de energía para el servicio público domiciliario. Los recursos se canalizarán al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, que actúa como vehículo de apoyo para empresas intervenidas.
A diferencia de otros cobros sectoriales, la base no es la producción ni los ingresos, sino la ganancia neta previa a impuestos, lo que implica un impacto inmediato en la rentabilidad. En compañías con actividades combinadas, el cálculo se limita exclusivamente a la utilidad atribuible a la generación eléctrica.
El pago se realizará en dos etapas: un anticipo equivalente al 1,25 %, calculado con información financiera de 2024, y un ajuste final del 1,25 % con base en los resultados consolidados de 2025. El diseño permite al Estado adelantar recursos que, en condiciones normales, solo se materializarían más adelante.
Fondo Empresarial como eje del rescate
La norma establece una destinación específica: los recursos solo podrán emplearse en procesos de intervención administrativa dentro del sector eléctrico. Con ello, el Fondo Empresarial se consolida como un mecanismo de salvamento ante un escenario en el que varias empresas requieren apoyo simultáneo, con necesidades de caja superiores a las previstas originalmente.
El mensaje es claro: sin un refuerzo extraordinario, la continuidad del servicio y la estabilidad financiera de la cadena podrían verse comprometidas.
Electricidad como aporte obligatorio
El segundo componente del decreto introduce una figura poco habitual en la política pública: la entrega obligatoria de energía como forma de contribución. Durante 2026, las empresas de generación hidráulica con despacho centralizado en el mercado mayorista deberán transferir el 12 % de la energía que comercialicen en bolsa.
Esta energía será asignada a las empresas intervenidas y liquidada mensualmente. El valor reconocido corresponderá al menor entre el precio de bolsa de la transacción y el costo promedio ponderado de los contratos del mes anterior. Según el Gobierno, la medida no afectará tarifas, despacho económico ni la formación de precios.
Como compensación parcial, los generadores podrán aplicar un descuento tributario equivalente al 50 % del valor de la energía entregada sobre su impuesto de renta, aunque el impacto neto sigue representando una reducción de ingresos.
Efectos sobre el sector y señales al mercado
Aunque el decreto se presenta como temporal, su impacto es significativo. Las utilidades netas de los generadores se verán reducidas y se introducen obligaciones que no estaban previstas en los marcos contractuales originales. Para los inversionistas, el mensaje es una mayor exposición al riesgo regulatorio en un sector históricamente basado en reglas estables.
Desde la perspectiva oficial, la alternativa era permitir que la crisis de liquidez se profundizara hasta afectar el acceso al crédito y la viabilidad de varios actores, con consecuencias potenciales sobre la confiabilidad del sistema eléctrico.
Air-e y el origen de la medida
El trasfondo inmediato del decreto es la situación de Air-e, empresa intervenida que opera en la región Caribe y que acumula una deuda cercana a los COP 2,5 billones con generadores y transmisores. Aunque la compañía anunció estabilidad tarifaria para 2026, la magnitud de su pasivo evidenció un riesgo financiero de mayor alcance.
Antes de optar por esta vía, el Gobierno evaluó un cobro transitorio de COP 8 por kilovatio hora a nivel nacional, pero la oposición de los gremios y el impacto sobre los usuarios finales llevaron a descartar esa opción. El Decreto 044 traslada el ajuste hacia los agentes con mayor capacidad financiera dentro del sistema.
Emergencia económica y redistribución de cargas
La medida se inscribe en el conjunto de decisiones adoptadas bajo la emergencia económica, utilizada para enfrentar un déficit fiscal creciente y la caída de ingresos tras el fracaso de la reforma tributaria. Aunque el recaudo adicional generado hasta ahora es limitado frente al tamaño del hueco fiscal, el Gobierno defiende el decreto como una herramienta para ganar tiempo y evitar un deterioro mayor.
Con esta norma, el Estado opta por socializar parte de las utilidades y de la producción de energía para sostener a las empresas intervenidas. En el corto plazo, el mecanismo ofrece alivio financiero; en el mediano y largo plazo, abre un debate de fondo sobre el alcance de la intervención estatal, la seguridad jurídica y el futuro del modelo eléctrico colombiano.
