Contraloría prende las alarmas por incumplimientos en la reparación a víctimas ordenada por la JEP
La Contraloría General de la República advirtió sobre serios retrasos y falencias en el cumplimiento de las órdenes de reparación a las víctimas del conflicto armado incluidas en las dos primeras sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El organismo de control alertó que la falta de recursos y los incumplimientos en la entrega de bienes por parte del secretariado de las antiguas Farc ponen en riesgo la efectividad del sistema de justicia transicional.
Según el informe de seguimiento, la financiación prevista para ejecutar el componente restaurativo de las sentencias presenta un déficit del 83,6 % para la vigencia de 2026. De los COP 121.858 millones que se requieren para dar cumplimiento a las medidas de reparación, solo se han asegurado COP 20.000 millones, lo que deja un faltante superior a los COP 101.800 millones, sin contar las futuras decisiones que pueda proferir la JEP.
Entrega parcial de bienes y problemas de monetización
El análisis de la Contraloría se centró en los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y en la obligación de las antiguas Farc de aportar bienes y recursos para reparar a las víctimas. En ese contexto, el ente de control encontró una brecha significativa entre lo reportado por el secretariado y lo efectivamente recibido por el Estado.
En materia de dinero en efectivo, la exguerrilla informó contar con más de COP 12.000 millones, pero únicamente se entregaron alrededor de COP 2.100 millones. En el caso de los recursos en dólares, se acordó la entrega de USD 450.000, de los cuales USD 448.500 pudieron ser monetizados, luego de que USD 1.500 fueran declarados falsos por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Uno de los aspectos más críticos identificados en el informe es el relacionado con los bienes inmuebles. De los 722 predios que el secretariado reportó como parte de su inventario para la reparación, solo uno ha sido efectivamente entregado. Estos activos hacen parte de un patrimonio autónomo cuya administración está a cargo de la SAE, mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) fue designada como beneficiaria.
Riesgos fiscales y responsabilidad del Estado
La Contraloría, a través de su Delegada para el Sector Justicia, advirtió que los incumplimientos detectados comprometen el derecho fundamental de las víctimas a la reparación integral y podrían generar responsabilidades para el Estado colombiano, en la medida en que las sentencias de la JEP deben cumplirse de manera efectiva y oportuna.
El informe también señala que varias de las órdenes judiciales contenidas en las sentencias asignan obligaciones específicas a entidades nacionales y territoriales para garantizar su implementación y la consecución de recursos. Sin embargo, dichas órdenes no cuentan con apropiaciones presupuestales para la vigencia de 2026, lo que impide su ejecución y agrava el riesgo de incumplimiento.
Impacto en la justicia transicional
Para el organismo de control, la diferencia sustancial entre los compromisos adquiridos y los bienes realmente entregados por el secretariado afecta directamente la credibilidad y la eficacia de los principios de verdad, justicia y reparación que sustentan el modelo de justicia transicional en Colombia.
Además, la Contraloría advirtió que esta situación genera incertidumbre sobre la efectividad de la justicia como garantía de no repetición y plantea contingencias frente a la obligación del Estado de asegurar los derechos de las víctimas del conflicto armado reconocidas por la JEP.
Ante este escenario, el ente de control hizo un llamado a las entidades responsables y a las partes involucradas para que adopten medidas urgentes que permitan cerrar las brechas financieras y administrativas, asegurar los recursos necesarios y garantizar que las decisiones judiciales se traduzcan en una reparación real y tangible para las víctimas.
