Colombia en 2025: un año de crisis, confrontaciones y definiciones clave
Colombia cerró 2025 como uno de los años más complejos de su historia reciente. La persistencia de la violencia armada, una inédita crisis diplomática con Estados Unidos, escándalos de corrupción en el alto Gobierno y una profunda polarización política marcaron el pulso del país. Con las elecciones presidenciales de 2026 en el horizonte, el ambiente preelectoral empezó a definir el rumbo de un año decisivo.
Bajo la administración del presidente Gustavo Petro, el país atravesó una etapa de alta tensión institucional. Su promesa de “paz total”, sumada a reformas estructurales y una política exterior confrontacional, generó respaldos y rechazos en una sociedad cada vez más dividida.
Relaciones exteriores en crisis
El año comenzó con un deterioro sin precedentes en la relación entre Colombia y Estados Unidos. La llegada de Donald Trump a un segundo mandato intensificó los roces, especialmente tras la negativa del Gobierno colombiano a recibir vuelos con migrantes deportados bajo condiciones consideradas indignas. La respuesta de Washington incluyó amenazas comerciales, sanciones diplomáticas y, meses después, la descertificación antidrogas del país, tras el aumento récord de cultivos ilícitos.
La tensión escaló aún más cuando, en octubre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó al presidente Petro y a miembros de su familia en la llamada lista Clinton, una medida inédita para un mandatario en ejercicio. Desde entonces, el Gobierno colombiano denunció una persecución política y endureció su discurso frente a Washington.
Corrupción y fractura institucional
En el ámbito interno, el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se consolidó como el mayor caso de corrupción del actual gobierno. Las investigaciones revelaron una red de sobornos y presunta compra de votos en el Congreso para impulsar reformas oficiales. Altos exfuncionarios y excongresistas fueron capturados, mientras que exministros terminaron privados de la libertad por orden judicial, profundizando la crisis de confianza en las instituciones.
Violencia en aumento
La situación de orden público mostró un claro deterioro. Grupos armados ilegales como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc expandieron su accionar, pese a los diálogos promovidos por el Gobierno. Regiones como el Catatumbo, Cauca, Chocó y Guaviare enfrentaron desplazamientos masivos, paros armados y ataques contra la población civil.
Las cifras reflejaron la gravedad del panorama: decenas de masacres, un aumento significativo del secuestro y más de cien mil personas desplazadas o confinadas por la violencia, según organismos humanitarios.
Un magnicidio que estremeció al país
La conmoción nacional llegó en junio, cuando un atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay terminó con su vida semanas después. El crimen reavivó los temores de los años más oscuros del conflicto y generó multitudinarias marchas en rechazo a la violencia política. Las autoridades avanzaron en la captura de los responsables materiales y señalaron a estructuras armadas ilegales como posibles autores intelectuales.
El juicio contra Álvaro Uribe
Otro de los episodios más mediáticos del año fue el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tras meses de audiencias y controversias, una condena inicial fue revertida en segunda instancia, dejando al exmandatario absuelto y habilitado políticamente. El caso mantuvo al país dividido y ocupó el centro del debate público durante buena parte del año.
Reformas estancadas y protestas
Las principales reformas impulsadas por el Gobierno —pensional, de salud y tributaria— enfrentaron bloqueos en el Congreso y la Corte Constitucional. La falta de consensos derivó en movilizaciones masivas a favor y en contra del Ejecutivo, consolidando un clima de confrontación política permanente.
El caso Nicolás Petro
El proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente, avanzó en medio del escrutinio nacional. Investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, el caso entró en su fase probatoria, con un fallo previsto para 2026.
Un país en clave electoral
El año cerró con un escenario preelectoral marcado por múltiples precandidaturas y alianzas en formación. Sectores de izquierda, centro y derecha comenzaron a mover sus fichas, anticipando una de las contiendas presidenciales más disputadas de los últimos años.
Así, 2025 quedará registrado como un periodo de quiebre, tensión y definiciones, cuyo impacto seguirá sintiéndose en el futuro político y social de Colombia.
