Colombia enfrenta una nueva coyuntura de tensión en materia de seguridad tras el anuncio y ejecución de un paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que comenzó este domingo y se extenderá hasta la medianoche del miércoles. La medida, de carácter nacional, ha obligado a las autoridades a reforzar los esquemas de protección y vigilancia en distintas regiones del país, ante el riesgo de afectaciones al orden público y a la población civil.
El grupo guerrillero, catalogado como organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, presentó el paro armado como una acción política en rechazo a lo que considera una creciente injerencia extranjera, particularmente de Estados Unidos, y como respuesta a operaciones militares en zonas donde mantiene presencia. Sin embargo, en la práctica, la decisión se ha traducido en una estrategia de presión armada que limita la movilidad de los ciudadanos y paraliza actividades económicas y sociales en amplios territorios.
Desde el inicio de la jornada, se han reportado múltiples hechos violentos y de intimidación, entre ellos ataques a peajes, hostigamientos contra estaciones de Policía, instalación de retenes ilegales y quema de vehículos de carga. Estos eventos han generado temor entre transportadores, comerciantes y comunidades rurales, que han optado por suspender sus desplazamientos y actividades ante la posibilidad de represalias.
La situación no pasó desapercibida en el ámbito internacional. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá expresó un fuerte rechazo a las amenazas del ELN y señaló que este tipo de acciones terminan afectando directamente al pueblo colombiano. La misión diplomática calificó el paro armado como una medida injustificada y reiteró su recomendación de evitar viajes durante los días de mayor riesgo, al tiempo que subrayó su preocupación por la seguridad de ciudadanos y empresas extranjeras en el país.
En el plano nacional, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, denunció que el ELN continúa recurriendo a la violencia y al narcotráfico como herramientas para imponer su control territorial. A través de un mensaje público, afirmó que el grupo armado ilegal no defiende a las comunidades, sino que las somete a amenazas y ataques constantes, especialmente a campesinos, pueblos indígenas y otros sectores vulnerables. El funcionario anunció además la entrega de recompensas económicas por información que permita prevenir o neutralizar posibles acciones terroristas.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció en contra del paro armado y reiteró su respaldo a la fuerza pública para enfrentar cualquier amenaza contra la ciudadanía. En sus declaraciones, el mandatario aseguró que las intimidaciones del ELN constituyen un ataque directo contra Colombia y no contra gobiernos extranjeros. Asimismo, hizo un llamado a la población a no dejarse paralizar por el miedo y a mantener sus actividades habituales, incluidas las celebraciones de fin de año, como un acto de resistencia frente a la violencia.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el impacto humanitario del paro armado y solicitó al ELN abstenerse de afectar a la población civil. En un comunicado, la entidad recordó que estas acciones representan una forma ilegítima de control social que restringe la libre circulación, afecta las economías locales y dificulta el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y el abastecimiento de alimentos. Además, advirtió sobre el riesgo de desplazamientos forzados, confinamientos y otras violaciones a los derechos humanos.
Este nuevo episodio se produce en un contexto de deterioro en los acercamientos entre el Gobierno y el ELN. A comienzos de este año, el Ejecutivo decidió suspender los diálogos de paz luego de una escalada de violencia en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde acciones armadas del grupo guerrillero dejaron decenas de personas muertas y obligaron a miles de campesinos a abandonar sus hogares para proteger sus vidas.
En medio de este escenario, Antonio García, máximo comandante del ELN, difundió un artículo en el que cuestiona la política de seguridad de Estados Unidos para la región. En el texto, el jefe guerrillero sostiene que la estrategia estadounidense responde a una lógica de presión y dominación, y la presenta como un intento por reafirmar su influencia mediante mecanismos políticos y militares, argumentos que el ELN utiliza para justificar su postura y sus acciones.
Mientras tanto, las autoridades colombianas mantienen operativos especiales de seguridad en puntos considerados estratégicos, como sedes diplomáticas, instalaciones militares y policiales, corredores viales, empresas con capital extranjero y componentes clave de la infraestructura energética. El objetivo es prevenir atentados, garantizar el orden público y reducir los riesgos para la población civil, en medio de un panorama que vuelve a poner de relieve los desafíos persistentes del conflicto armado en Colombia.
