César Gaviria eleva el tono contra Petro y asegura que la paz total terminó convirtiéndose en una concesión al narcotráfico
El expresidente César Gaviria lanzó uno de sus pronunciamientos más duros contra el gobierno de Gustavo Petro al cuestionar abiertamente la política de paz total y advertir que las decisiones recientes del Ejecutivo frente a grupos armados ilegales representan, según sus palabras, “una rendición del Estado frente al narcotráfico”.
A través de un extenso comunicado divulgado por el Partido Liberal Colombiano, el exmandatario fijó posición sobre la situación de seguridad que atraviesa el país y criticó especialmente la solicitud del Gobierno para suspender órdenes de captura y procesos de extradición contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, incluida la de su máximo comandante, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”.
Para Gaviria, esta decisión constituye una señal extremadamente grave para la institucionalidad colombiana y refleja un deterioro en la forma como el Estado está enfrentando a las organizaciones criminales.
“Esto no es un gesto de paz. Es una concesión política y judicial a la organización narcotraficante más poderosa del país, con consecuencias gravísimas para el Estado de derecho, la credibilidad internacional de Colombia y la integridad del proceso electoral”, aseguró el expresidente.
El pronunciamiento se produce en medio de crecientes cuestionamientos políticos y de seguridad alrededor de la estrategia de paz total impulsada por el Gobierno Petro, una iniciativa que buscaba abrir diálogos simultáneos con distintos grupos armados ilegales, organizaciones narcotraficantes y estructuras criminales presentes en varias regiones del país.
Desde el comienzo de la administración actual, Gaviria había expresado reservas frente al diseño de esa política. En su nuevo comunicado recordó que advirtió tempranamente sobre los riesgos de negociar sin condiciones estrictas, sin límites jurídicos claramente definidos y sin mecanismos verificables que garantizaran resultados concretos.
“Advertimos que negociar sin condiciones claras, sin límites jurídicos y sin resultados verificables terminaría fortaleciendo a las estructuras armadas ilegales. Eso fue exactamente lo que ocurrió”, afirmó.
Según el exmandatario, mientras el Gobierno promovía discursos de reconciliación y acercamientos con grupos ilegales, organizaciones criminales como el Clan del Golfo consolidaron su expansión territorial, aumentaron su capacidad financiera y fortalecieron su control armado en distintas zonas estratégicas del país.
A juicio de Gaviria, Colombia no recibió desmovilizaciones masivas ni una reducción sostenida de la violencia. Por el contrario, sostiene que el resultado ha sido un incremento de la incertidumbre en seguridad y una ampliación del poder de las economías ilegales vinculadas al narcotráfico.
El dirigente liberal también cuestionó la aparente contradicción del Gobierno frente a alias “Chiquito Malo”. Recordó que hace pocos meses el propio presidente Petro lo había presentado ante autoridades internacionales como uno de los principales objetivos de la lucha contra el narcotráfico, mientras ahora el Ejecutivo impulsa medidas para suspender actuaciones judiciales en su contra.
“Hace apenas unos meses, el propio presidente Petro presentó ante las autoridades estadounidenses a alias Chiquito Malo como uno de los principales objetivos de captura del Estado colombiano. Hoy, ese mismo gobierno pide detener las medidas judiciales en su contra”, señaló.
Para Gaviria, este cambio de postura compromete seriamente la confianza internacional en Colombia y envía un mensaje equivocado tanto a las víctimas como a los grupos criminales.
“Envía un mensaje devastador: en el país los grandes capos terminan recibiendo más garantías que las víctimas”, agregó.
Uno de los ejes centrales del documento fue la defensa de la independencia judicial y la separación de poderes. El expresidente sostuvo que ninguna resolución administrativa del Ejecutivo debería interferir en competencias que corresponden exclusivamente a jueces y autoridades judiciales.
“Ninguna resolución administrativa del Ejecutivo puede reemplazar las competencias de la justicia ni interferir en decisiones que corresponden a las autoridades judiciales”, afirmó.
En ese contexto, Gaviria insistió en que la separación de poderes constituye uno de los pilares fundamentales del orden constitucional colombiano y advirtió que cualquier debilitamiento de ese principio pone en riesgo la legitimidad democrática e institucional del país.
El exjefe de Estado también manifestó preocupación por el momento político en el que se están tomando estas decisiones. A pocos meses de las próximas elecciones presidenciales, considera que el fortalecimiento territorial de estructuras armadas ilegales podría afectar el desarrollo democrático en distintas regiones.
“Los colombianos tienen derecho a saber que ninguna estructura criminal tendrá capacidad de presión, influencia o intimidación sobre las regiones donde históricamente estos grupos ejercen control territorial. La democracia no puede quedar bajo la sombra de organizaciones armadas ilegales”, sostuvo.
El comunicado además hizo referencia al asesinato del periodista Mateo Pérez, presuntamente cometido por integrantes de disidencias vinculadas a alias “Calarcá”. Gaviria utilizó este caso como ejemplo de lo que considera el fracaso de la política de paz total para contener el fortalecimiento armado de distintos grupos ilegales.
“Mientras su familia hoy llora y vela su cuerpo, Colombia vuelve a enfrentarse a la realidad dolorosa de una política que, lejos de debilitar a los grupos armados ilegales, terminó ampliando su capacidad de intimidación, control territorial y violencia contra la población civil”, expresó.
A lo largo del documento, el líder liberal sostuvo que la estrategia del Gobierno ha terminado generando más concesiones que resultados concretos. Según dijo, no existe evidencia de que las negociaciones hayan producido una disminución sostenida de homicidios, extorsiones, desplazamientos o actividades de narcotráfico en las regiones afectadas.
También advirtió sobre el impacto que estas decisiones pueden tener en la percepción internacional de Colombia, especialmente frente a aliados estratégicos en materia de cooperación judicial y lucha antidrogas.
El pronunciamiento refleja además cómo la seguridad y la paz total se han convertido en uno de los principales ejes de confrontación política en el país. Mientras el Gobierno Petro defiende los diálogos como una apuesta para reducir décadas de violencia armada y abrir caminos de sometimiento o negociación, sectores de oposición y dirigentes tradicionales consideran que el Estado ha cedido terreno frente a organizaciones ilegales.
Finalmente, Gaviria pidió que las instituciones actúen con independencia, rigor jurídico y responsabilidad frente a decisiones que, según él, comprometen la seguridad nacional y la estabilidad democrática.
“Una paz que premia a los victimarios mientras debilita la justicia no es paz. Es la renuncia del Estado a defender a los ciudadanos”, concluyó.
Las declaraciones del expresidente vuelven a profundizar la tensión política alrededor del rumbo de la política de seguridad del Gobierno y anticipan que el debate sobre la paz total seguirá ocupando un lugar central dentro de la discusión electoral y nacional durante los próximos meses.
