Universidades privadas demandan el impuesto al patrimonio ante la Corte: advierten riesgos para becas, investigación y sostenibilidad del sistema
La discusión sobre el nuevo impuesto al patrimonio establecido por el Gobierno en medio de la emergencia económica llegó a los estrados judiciales. La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) presentó una intervención ante la Corte Constitucional de Colombia solicitando que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 0173 de 2026, una norma que podría afectar a cerca de 80 instituciones de educación superior privadas en el país.
Según el gremio universitario, la medida generaría una carga tributaria cercana a 135.000 millones de pesos, recursos que actualmente se destinan a programas académicos, investigación, infraestructura y apoyo financiero para estudiantes.
Un impuesto creado en medio de la emergencia económica
El impuesto al patrimonio fue establecido por el Gobierno como parte de las medidas económicas para atender la emergencia causada por la ola invernal que ha afectado a varias regiones del país.
El decreto establece que todas las personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a 200.000 UVT deberán pagar un impuesto del 0,50 % sobre ese patrimonio. Con la Unidad de Valor Tributario proyectada para 2026 en cerca de 52.374 pesos, esto significa que las organizaciones con activos superiores a aproximadamente 10.474 millones de pesos deberán asumir este gravamen.
Aunque la norma busca ampliar las fuentes de financiación del Estado para atender la crisis, el sector universitario privado considera que la medida desconoce la naturaleza de las instituciones educativas.
Universidades advierten impacto en su sostenibilidad
El principal argumento de las universidades privadas es que su patrimonio no representa capital disponible, sino infraestructura destinada al desarrollo de la educación superior.
Entre esos activos se encuentran:
- Edificios académicos y administrativos
- Bibliotecas y centros de investigación
- Laboratorios científicos
- Campus universitarios
- Auditorios y espacios culturales
Desde esta perspectiva, las instituciones señalan que aplicar un impuesto sobre esos bienes equivale a gravar recursos que ya están comprometidos con la misión educativa.
En su intervención ante la Corte, Ascún señala que esta medida podría afectar directamente la sostenibilidad financiera del sistema universitario privado, que actualmente atiende a más de 1,2 millones de estudiantes en Colombia.
Los argumentos jurídicos ante la Corte
El documento presentado por el gremio, dirigido a la magistrada Lina Marcela Escobar, sostiene que el decreto podría vulnerar varios principios constitucionales.
Entre ellos:
- Equidad tributaria, al tratar de la misma forma a entidades con fines de lucro y a organizaciones educativas sin ánimo de lucro.
- Capacidad contributiva, al considerar patrimonio que en realidad corresponde a infraestructura educativa.
- Autonomía universitaria, al interferir en el manejo de los recursos destinados a la educación y la investigación.
En el documento se advierte que obligar a las universidades a pagar este impuesto podría desviar recursos que deberían destinarse al cumplimiento de su misión académica y científica.
Riesgo de afectar becas y acceso a la educación
Uno de los puntos más sensibles del debate es el posible impacto en los estudiantes. Según estimaciones de Ascún, el dinero que las universidades tendrían que pagar por concepto de este impuesto equivale a recursos suficientes para financiar alrededor de 15.000 cupos universitarios y miles de becas dirigidas a jóvenes de bajos ingresos.
Esto podría traducirse en una reducción de apoyos económicos o en limitaciones para ampliar la cobertura educativa.
El padre Harold Castilla, rector de Uniminuto y vicepresidente de Ascún, explicó que el impacto económico del impuesto ya preocupa a varias instituciones.
En el caso de Uniminuto, indicó que la universidad deberá pagar cerca de 2.000 millones de pesos, divididos en dos cuotas que se deben cancelar en abril y mayo.
Castilla también señaló que el sector enfrenta actualmente otras presiones económicas, como el aumento del salario mínimo, la disminución en el número de estudiantes matriculados y el incremento de costos operativos.
Posibles efectos en las matrículas
Otro de los riesgos advertidos por los rectores es que algunas instituciones puedan verse obligadas a trasladar parte de la carga tributaria a los estudiantes.
Aunque no se trata de una decisión generalizada, el rector de Uniminuto explicó que la situación financiera de muchas universidades privadas ya es compleja, por lo que este nuevo impuesto podría generar presiones adicionales.
En ese escenario, algunas instituciones podrían considerar incrementos en las matrículas como una forma de compensar el impacto económico.
Críticas desde el sector académico
La medida también ha sido cuestionada por figuras del ámbito académico. El exrector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, criticó públicamente el decreto y afirmó que tratar a las universidades privadas como si fueran empresas con fines de lucro desconoce su naturaleza jurídica.
Según el académico, este tipo de decisiones pueden terminar afectando los recursos destinados a investigación, becas y programas académicos.
Las universidades públicas no están incluidas
El decreto establece que el impuesto al patrimonio aplica únicamente para personas jurídicas que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta. Debido a su naturaleza como entidades estatales, las universidades públicas no forman parte de este grupo y, por lo tanto, no estarían obligadas a pagar el tributo.
Esto significa que el impacto de la medida recaería exclusivamente sobre el sistema universitario privado.
Lo que piden las universidades al alto tribunal
Ante este panorama, Ascún solicitó a la Corte Constitucional varias alternativas frente al decreto:
- Suspender provisionalmente la aplicación del impuesto a las universidades mientras se estudia el caso.
- Declarar inconstitucional la totalidad de la norma.
- Permitir el impuesto, pero excluir a las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial.
Según los cálculos citados por la asociación, las universidades que superarían el umbral del impuesto tienen en conjunto un patrimonio cercano a 27 billones de pesos, compuesto principalmente por infraestructura y activos destinados al servicio educativo.
Sin embargo, el recaudo estimado por el Gobierno sería de alrededor de 135.000 millones de pesos, una cifra relativamente pequeña frente al tamaño del sistema, pero que las instituciones consideran significativa en un momento de presión financiera para la educación superior.
La decisión final quedará en manos de la Corte Constitucional, que deberá evaluar si la medida respeta los principios de la Constitución o si, por el contrario, termina afectando la estabilidad del sistema universitario colombiano y el acceso de miles de estudiantes a la educación superior.
