Paro docente en Bogotá: la ADE denuncia abandono de la educación pública y exige respuestas
La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) convocó para este jueves 24 de abril una jornada de paro en Bogotá, con el objetivo de visibilizar las problemáticas que, según la organización sindical, afectan gravemente al sistema de educación pública en la capital colombiana.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la ADE expresó su inconformidad con la actual administración distrital, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, a quien acusan de no dar respuesta a múltiples situaciones críticas dentro del sector educativo. Entre las denuncias más destacadas están el mal estado de las instalaciones escolares, condiciones laborales precarias para maestros y directivos, una sobrecarga de funciones administrativas y académicas, y un Programa de Alimentación Escolar (PAE) que, según reportes del gremio, no está cumpliendo con los estándares de calidad y cobertura necesarios.
Además, la organización aseguró que se han incumplido varios compromisos pactados previamente con la administración distrital en mesas de negociación, lo que ha generado malestar y desconfianza entre los docentes. El sindicato advierte que la calidad de la educación se está viendo comprometida no solo por la falta de infraestructura adecuada, sino también por la ausencia de una política clara de fortalecimiento al magisterio.
Frente a este panorama, el Distrito respondió que no habrá suspensión de clases, y reiteró que los docentes están en la obligación de cumplir con su jornada laboral regular. En ese sentido, se anunció que se podrían aplicar sanciones a los maestros que decidan ausentarse de sus responsabilidades sin justificación formal.
La jornada de paro ha generado expectativa entre la comunidad educativa, padres de familia y estudiantes, quienes observan con atención cómo se desarrollará la movilización y cuántos educadores se sumarán efectivamente a la protesta. Por ahora, la ADE ha reiterado que su intención no es afectar el calendario académico, sino exigir condiciones dignas y justas para garantizar una educación pública de calidad.
