La discusión sobre el cuidado ha comenzado a ocupar un lugar más visible en el debate electoral colombiano, en un momento en que los cambios demográficos están reconfigurando silenciosamente las bases de la vida social. Menos nacimientos, una población que envejece y hogares cada vez más pequeños están trasladando una carga creciente a las familias, particularmente a las mujeres, quienes siguen asumiendo la mayor parte del trabajo no remunerado.
Esta realidad cotidiana, que se expresa en jornadas dobles o triples de trabajo, conecta con problemas estructurales más amplios: desigualdad económica, precariedad laboral, brechas de género y limitaciones en el acceso a servicios públicos. En ese contexto, el cuidado deja de ser un asunto privado para convertirse en un desafío de política pública. La pregunta, entonces, no es solo si los candidatos lo reconocen, sino qué tan sólidas son sus propuestas para enfrentarlo.
Las iniciativas de Gustavo Petro Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Claudia López permiten observar distintas aproximaciones frente a tres ejes fundamentales: el reconocimiento de la transición demográfica, la articulación institucional y la definición de mecanismos de financiación.
Organismos como CEPAL y ONU Mujeres han planteado que las respuestas estatales al cuidado pueden clasificarse en tres niveles: programas puntuales, políticas que articulan distintos esfuerzos y sistemas integrales que requieren gobernanza coordinada y recursos estables. Bajo esta perspectiva, las propuestas actuales se distribuyen en tres grandes enfoques: estructural, focalizado y discursivo.
El enfoque estructural plantea el cuidado como un derecho y propone la creación de sistemas integrales. En esta línea se ubican Sergio Fajardo y Claudia López. Fajardo propone consolidar un Sistema Nacional de Cuidado con respaldo legal y financiación definida, además de impulsar su implementación territorial mediante sistemas locales que integren servicios para la infancia, personas mayores y población dependiente. López, por su parte, incorpora el enfoque de las “3R” —reconocer, reducir y redistribuir el trabajo no remunerado— y propone una red de servicios articulados a nivel municipal, inspirada en experiencias ya implementadas en ciudades como Bogotá.
Un segundo grupo de propuestas adopta un enfoque más focalizado. Paloma Valencia plantea medidas concretas como la creación de centros de cuidado infantil en zonas priorizadas, la formalización de cuidadoras y la ampliación de licencias de paternidad. En una línea similar, Abelardo de la Espriella propone subsidios dirigidos a madres y cuidadoras en situación de vulnerabilidad, programas de formación masiva y mecanismos para reconocer económicamente la labor del cuidado. Aunque estas iniciativas responden a necesidades específicas, no configuran un sistema articulado que integre todos los componentes del problema.
El tercer enfoque es predominantemente discursivo. Gustavo Petro Cepeda ha insistido en la necesidad de transformar las estructuras que sostienen la desigualdad y ha planteado la creación de un sistema nacional de cuidado. Sin embargo, su propuesta presenta vacíos en términos de implementación concreta, especialmente en lo relacionado con los instrumentos de ejecución y las fuentes de financiación.
Este último punto —la financiación— constituye el principal vacío transversal. Ninguna de las propuestas aborda con suficiente claridad el costo real de construir un sistema de cuidado integral. De acuerdo con estimaciones internacionales, la inversión necesaria podría alcanzar alrededor del 3,4 % del PIB en los próximos años, una cifra que obliga a discutir reformas fiscales, reasignación de recursos y prioridades del gasto público.
Las consecuencias de no resolver este aspecto son profundas. En primer lugar, reformas estructurales como la pensional o la laboral dependen directamente de la redistribución del cuidado. Sin servicios adecuados, la participación de las mujeres en el mercado laboral seguirá limitada, afectando la sostenibilidad económica. En segundo lugar, las propuestas sin respaldo financiero corren el riesgo de quedarse en el plano retórico. Y, finalmente, la transición demográfica avanza de manera sostenida, debilitando las redes familiares que históricamente han asumido estas tareas sin apoyo estatal.
El debate actual muestra un avance en el reconocimiento del cuidado como tema central, pero también evidencia la distancia entre el discurso y la acción. Convertir el cuidado en una política pública efectiva implica ir más allá de las declaraciones y construir sistemas con reglas claras, instituciones responsables y financiación garantizada.
En un país donde el cuidado ha sido históricamente invisibilizado y sostenido por el trabajo no remunerado de las mujeres, el desafío es mayúsculo. La discusión ya no es si debe ser una prioridad, sino cómo diseñar un modelo que permita redistribuir esta carga de manera justa y sostenible en el tiempo.
