El gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó este 13 de marzo siete nuevos decretos dentro de la emergencia económica, con los que busca financiar la atención a las regiones afectadas por la fuerte temporada de lluvias que golpea a varias zonas del país.
Las medidas incluyen nuevos impuestos, ajustes tributarios y una millonaria asignación de recursos públicos, destinados a apoyar a las comunidades damnificadas y a la recuperación de infraestructura en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Según el Gobierno, los decretos permitirán agilizar la respuesta institucional frente a la emergencia provocada por las inundaciones.
Impuesto del 16 % a las apuestas por internet
Entre las medidas anunciadas está la creación de un impuesto al consumo del 16 % para las apuestas en línea.
Este tributo aplicará a los depósitos que los usuarios realizan en plataformas de juegos de azar digitales. Aunque el impuesto será asumido formalmente por los operadores, en la práctica podría trasladarse a los apostadores.
La base para calcular la tarifa será el ingreso bruto del juego, que corresponde al valor total apostado menos los premios pagados.
Ajustes al impuesto al patrimonio
Otro de los decretos introduce cambios al impuesto al patrimonio, ampliando el grupo de contribuyentes que deberán pagarlo.
A partir del 31 de marzo de 2026, también deberán asumir este impuesto las sucursales de empresas extranjeras que operan en el país, siempre que su patrimonio sea igual o superior a 20.000 UVT.
Beneficios para quienes paguen deudas con la Dian
Las medidas también contemplan alivios temporales para contribuyentes que tengan obligaciones pendientes con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Quienes cancelen la totalidad del impuesto adeudado podrán acceder a beneficios como:
- Intereses reducidos al 4,5 %
- Pago de solo 15 % de las sanciones
Este beneficio estará disponible hasta el 30 de abril de 2026 y busca incentivar la normalización de obligaciones fiscales.
Nuevo impuesto de normalización tributaria
El Gobierno también implementará un impuesto temporal de normalización tributaria dirigido a contribuyentes que hayan ocultado activos o reportado deudas inexistentes.
La tarifa establecida será del 19 % sobre los activos omitidos o pasivos inexistentes, con el objetivo de regularizar la situación tributaria de quienes no hayan declarado correctamente su patrimonio.
Millonarios recursos para atender la emergencia
Además de los ajustes tributarios, el Ejecutivo aprobó una adición presupuestal de 8,6 billones de pesos para atender la emergencia causada por la temporada de lluvias.
La mayor parte de estos recursos será administrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad encargada de coordinar la atención de desastres en el país.
Distribución del presupuesto
Los recursos se distribuirán entre varias entidades del Estado:
- $6,34 billones para la Unidad de Gestión del Riesgo, destinados a reconstrucción de infraestructura y apoyo a comunidades afectadas.
- $878.587 millones para el Ministerio de Hacienda de Colombia, enfocados en proyectos de agua potable y saneamiento.
- $455.271 millones para el sector salud, destinados a reparar hospitales y atender enfermedades asociadas a las inundaciones.
- $408.560 millones para el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con programas de apoyo económico para hogares afectados.
- $280.000 millones para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dirigidos a la protección de niños y adolescentes vulnerables.
- $253.994 millones para el Ministerio de Defensa de Colombia, destinados a fortalecer labores de búsqueda y rescate.
- $30.800 millones para la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.
- $20.000 millones para la Defensa Civil Colombiana.
- $5.900 millones para la Policía Nacional de Colombia para reforzar el apoyo operativo en las zonas afectadas.
Debate por el manejo de los recursos
La asignación de gran parte de los recursos a la Unidad de Gestión del Riesgo se da en medio de cuestionamientos a la entidad por escándalos recientes de corrupción, lo que ha generado preocupación sobre la transparencia en el manejo del dinero destinado a la atención de desastres.
Con estos decretos, el Gobierno busca enfrentar los efectos de la temporada invernal, mientras sectores políticos y económicos comienzan a analizar el impacto de los nuevos impuestos en la economía nacional.
