En un contexto nacional marcado por desafíos de seguridad en varias regiones, el Estado anunció un despliegue sin precedentes para blindar la jornada electoral del próximo 8 de marzo. La Policía Nacional de Colombia activó el denominado Plan Democracia, que movilizará cerca de 120.000 uniformados en todo el territorio con el objetivo de proteger el derecho al voto y garantizar la normalidad del proceso legislativo.
La estrategia contempla presencia directa en 7.679 puestos de votación, lo que equivale al 57 % de los puntos habilitados en el país, así como custodia sobre más de 110.000 mesas electorales, es decir, alrededor del 90 % del total dispuesto para la jornada. En total, funcionarán 13.493 puestos y 122.121 mesas de votación en Colombia.
Seguridad en tres niveles
El dispositivo fue estructurado en varios anillos de protección. Aproximadamente 70.000 uniformados estarán asignados dentro de los puestos de votación, con responsabilidad directa sobre la seguridad de jurados, votantes y material electoral. Otros 50.000 agentes reforzarán la vigilancia en entornos urbanos, vías de acceso y zonas estratégicas, con el fin de prevenir alteraciones del orden público.
El director de la institución, general William Oswaldo Rincón, aseguró que se dispusieron recursos humanos, tecnológicos y de inteligencia para anticipar riesgos y responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad. Según explicó, el enfoque será diferencial, priorizando los territorios con mayores niveles de alerta.
Regiones bajo observación especial
La jornada se desarrollará bajo la mirada atenta de las autoridades debido a las advertencias de la Misión de Observación Electoral (MOE), que ha identificado 170 municipios con algún grado de riesgo electoral. De estos, 81 se encuentran catalogados en riesgo extremo.
Departamentos como Arauca, sectores del nordeste antioqueño y sur de Bolívar, el norte del Cauca, el Pacífico colombiano y zonas del suroriente —incluyendo municipios de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo— concentran las principales preocupaciones por antecedentes de violencia política y presencia de grupos armados ilegales.
Frente a este panorama, la Fuerza Pública activará Puestos de Mando Unificado (PMU) a nivel nacional, departamental y municipal, lo que permitirá monitoreo permanente y coordinación interinstitucional durante toda la jornada.
Lucha contra los delitos electorales
Como parte del plan integral, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) puso en funcionamiento el Equipo Especial contra Delitos Electorales (ECODE), con presencia en 54 seccionales del país. Este grupo tendrá la misión de investigar y judicializar conductas como constreñimiento al elector, fraude, compra de votos o amenazas contra candidatos.
La ciudadanía podrá reportar cualquier irregularidad a través de la línea 157, habilitada para recibir denuncias antes y durante las votaciones.
Un examen para la democracia
Las elecciones legislativas no solo definirán la nueva conformación del Congreso; también serán un termómetro de la capacidad del Estado para garantizar elecciones libres y seguras en un entorno complejo.
El despliegue de más de 120.000 uniformados refleja la magnitud del reto: proteger la voluntad popular en cada rincón del país y enviar un mensaje claro de que la democracia se defiende con presencia institucional, coordinación y firmeza frente a cualquier intento de intimidación o violencia.
