El Gobierno del presidente Gustavo Petro vuelve a situar la reforma pensional en el centro del debate nacional. Un proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo propone trasladar a Colpensiones más de 25 billones de pesos provenientes de cuentas de ahorro individual administradas por fondos privados, pertenecientes a trabajadores que decidieron cambiarse al régimen público durante la llamada “ventana de oportunidad”.
La iniciativa no es menor: se trata de recursos que han sido acumulados durante años por miles de afiliados y que, según la interpretación de distintos sectores, tienen una destinación específica como ahorro pensional. El anuncio desató la reacción inmediata de Asofondos, cuyo presidente, Andrés Velasco, alertó sobre los riesgos fiscales y jurídicos que implicaría el traslado anticipado de esos dineros.
La norma, la suspensión y el vacío operativo
El punto de partida de esta controversia es la Ley 2381 de 2024, eje de la reforma pensional. Aunque varios apartes fueron suspendidos por la Corte Constitucional mientras estudia su constitucionalidad, el artículo 76 —que habilita el traslado entre regímenes durante dos años— quedó vigente. Esto permitió que miles de trabajadores optaran por migrar del esquema privado al público.
Sin embargo, la reforma contempla que los recursos trasladados deben integrarse a un fondo de ahorro administrado por el Banco de la República, diseñado para garantizar su manejo técnico y separado del presupuesto nacional. Ese fondo aún no está en funcionamiento y solo podrá estructurarse plenamente una vez la Corte emita un fallo definitivo.
En ese escenario, el decreto en discusión abre un interrogante central: ¿pueden esos recursos ingresar a Colpensiones antes de que exista el fondo independiente? Y, si ingresan, ¿cómo se blindarán para que no terminen incorporados al flujo presupuestal del Estado?
Debate político y fiscal
Desde el sector privado se advierte que trasladar ahora los recursos podría equivaler, en la práctica, a liberar espacio fiscal para el Gobierno. La preocupación radica en que Colpensiones, como entidad pública, forma parte del engranaje presupuestal, y cualquier movimiento contable de esa magnitud podría tener efectos en la caja estatal.
El Ejecutivo, por su parte, sostiene que el traslado responde a la decisión voluntaria de los afiliados que escogieron el régimen público y que el proceso debe avanzar conforme a la ley vigente. Para el Gobierno, se trata de coherencia institucional: si el trabajador se trasladó, sus aportes deben seguirlo.
Pero el debate trasciende lo administrativo. Se instala en el terreno político: la reforma pensional fue presentada como una transformación estructural del sistema, con mayor protagonismo del régimen público. Este proyecto de decreto es visto por algunos sectores como un paso decisivo hacia ese modelo; por otros, como una jugada apresurada mientras la Corte aún no define el futuro completo de la ley.
La ventana de oportunidad y la litigiosidad histórica
La ventana de traslado fue concebida por la Corte Constitucional como una garantía de derechos, buscando ofrecer seguridad jurídica en medio de la suspensión parcial de la reforma. Durante dos años, los afiliados pueden cambiar de régimen sin las restricciones habituales.
No obstante, el tema de los traslados ha sido históricamente conflictivo. En Colombia abundan demandas de ciudadanos que alegan falta de información o ausencia de doble asesoría al momento de elegir régimen. Esa litigiosidad explica en parte la sensibilidad que hoy rodea cualquier movimiento sobre los ahorros pensionales.
Lo que está en juego
Más que una discusión técnica, el país enfrenta un debate sobre confianza. Los trabajadores necesitan certeza de que sus ahorros no serán objeto de decisiones coyunturales ni de tensiones fiscales de corto plazo. Al mismo tiempo, el Estado busca consolidar un modelo que garantice cobertura y sostenibilidad.
La última palabra la tendrá la Corte Constitucional. Su fallo no solo definirá la arquitectura jurídica de la reforma, sino también el destino institucional de billonarios recursos que representan la seguridad económica futura de miles de colombianos.
En este pulso entre Gobierno, fondos privados y órganos de control, el reto será equilibrar legitimidad democrática, disciplina fiscal y protección del ahorro individual. Porque, al final, lo que está en juego no es solo un decreto, sino la credibilidad del sistema pensional colombiano.
