La reunión convocada por el presidente Gustavo Petro para atender la emergencia invernal en Córdoba terminó convirtiéndose en un episodio marcado por retrasos, tensiones institucionales y reclamos desde los territorios.
El consejo de ministros, previsto para las 7:00 p. m. del lunes 9 de febrero, comenzó tres horas y media después de lo anunciado. La espera no solo se prolongó para los integrantes del gabinete, sino también para varios alcaldes de municipios afectados por las lluvias que aguardaban la posibilidad de intervenir directamente ante el jefe de Estado.
Mientras dentro del recinto participaban el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, diez mandatarios municipales permanecieron afuera durante horas. Los alcaldes de Santacruz de Lorica, Tierralta, Canalete, Cotorra, Puerto Escondido, Moñitos, Puerto Libertador, Cereté, Los Córdobas y Ciénaga de Oro no lograron ingresar a la reunión y regresaron a sus localidades sin haber expuesto sus necesidades. La imagen de varios de ellos sentados en el piso se convirtió rápidamente en símbolo del inconformismo territorial.
La discusión sobre la emergencia económica
En el desarrollo del encuentro, el presidente volvió a referirse a la figura de la emergencia económica como herramienta para responder a la crisis. Petro solicitó a la Corte Constitucional reconsiderar la suspensión del decreto expedido por su administración a finales de 2025, con el que buscaba obtener recursos extraordinarios tras el fracaso del proyecto de ley de financiamiento en el Congreso.
El mandatario planteó que, si la Corte atendiera su llamado, no sería necesario expedir un nuevo decreto. Incluso señaló que una eventual declaratoria de emergencia podría tener incidencia sobre la ley de garantías vigente en temporada electoral, al tratarse de normas con fuerza de ley.
Las afirmaciones reavivaron el debate jurídico sobre el alcance de los estados de excepción y su relación con el calendario electoral, en un momento en que el ambiente político comienza a calentarse de cara a las próximas elecciones.
Nuevos roces con la Fiscalía
El consejo también incluyó referencias directas a la fiscal general, Luz Adriana Camargo. El presidente hizo eco de una publicación en redes sociales del movimiento Colombia Humana que insinuaba una supuesta relación entre la Fiscalía y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. El propio mensaje reconocía que la información provenía de una fuente anónima.
Las declaraciones alimentaron nuevamente la tensión entre el Ejecutivo y la Fiscalía, una relación que ha atravesado varios episodios de confrontación pública durante el actual gobierno. Desde distintos sectores se cuestionó que un señalamiento basado en información no verificada fuera retomado en un escenario oficial.
Más allá de la lluvia
Aunque el objetivo formal del consejo era anunciar medidas para mitigar el impacto del frente frío en Córdoba, el encuentro terminó ampliando la discusión hacia asuntos políticos y judiciales. Al cierre de la reunión no se había oficializado ningún nuevo decreto de emergencia, pese a que se había anticipado la posibilidad de hacerlo.
El episodio deja varias lecturas: la necesidad urgente de coordinación con las autoridades locales, la persistente tensión entre el Gobierno y las altas cortes, y el creciente cruce entre gestión administrativa y debate electoral.
Mientras tanto, en los municipios afectados continúan las afectaciones por las lluvias, y la expectativa gira ahora en torno a las decisiones concretas que adopte el Ejecutivo para atender la crisis dentro del marco constitucional vigente.
