La carrera presidencial hacia el 31 de mayo se está configurando bajo una lógica poco habitual: lejos de ordenar el tablero, las consultas interpartidistas terminaron evidenciando la fragilidad de las coaliciones y la ausencia de un liderazgo capaz de aglutinar mayorías antes de la primera vuelta. El resultado es un escenario de hiperfragmentación que podría llevar a los colombianos a enfrentarse a un tarjetón con hasta 15 candidatos, una cifra sin precedentes recientes y con profundas implicaciones estratégicas.
Desde una perspectiva electoral, la multiplicación de candidaturas no es un accidente, sino la consecuencia de incentivos claros. Mantenerse en carrera, incluso sin opciones reales de victoria, ofrece beneficios concretos: visibilidad mediática, capacidad de negociación posterior, posicionamiento regional y acumulación de capital político para futuras alianzas. En ese contexto, la primera vuelta deja de ser un filtro y se convierte en un espacio de medición de fuerzas.
La derecha y la centroderecha lograron leer mejor ese escenario. La Gran Consulta permitió concentrar el voto afín, reducir la dispersión interna y construir desde temprano una narrativa de bloque competitivo. Aunque no elimina tensiones internas, este mecanismo ofrece una ventaja clave: llegar a mayo con una candidatura legitimada por un volumen significativo de votos y con mayor claridad estratégica para la segunda vuelta.
El centro y la izquierda, en contraste, llegan atrapados en una lógica defensiva. La incapacidad para consolidar consultas amplias no solo expuso fracturas ideológicas, sino también desconfianzas personales y disputas por el control del relato político. En términos estratégicos, esta dispersión implica un riesgo mayor: dividir el electorado propio y facilitar que una candidatura más cohesionada avance con relativa comodidad.
En la izquierda, la salida de Iván Cepeda de la consulta del Frente por la Vida marcó un punto de quiebre. Su decisión de competir directamente en primera vuelta responde a un cálculo claro: preservar su capital político, evitar un desgaste interno y presentarse como el referente natural del Pacto Histórico. Sin embargo, esta jugada también tiene un costo estratégico: sin consulta, la izquierda pierde arrastre para las listas al Congreso y reduce su capacidad de movilización temprana.
El centro político vuelve a repetir un patrón conocido. Sergio Fajardo y Maurice Armitage optaron por la primera vuelta directa ante la falta de acuerdos creíbles. Desde el punto de vista estratégico, su apuesta es resistir, medir fuerzas y posicionarse como opciones “razonables” frente a los extremos. No obstante, esta decisión también los deja expuestos: sin una consulta que los fortalezca, dependen casi exclusivamente del voto de opinión, un terreno volátil y difícil de consolidar en una contienda tan fragmentada.
La entrada de exministros y figuras del actual Gobierno añade otra capa de complejidad. Mauricio Lizcano, Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo representan proyectos que buscan capturar nichos específicos del electorado: gobernabilidad, experiencia institucional y discurso regional. Estratégicamente, estas candidaturas no apuntan necesariamente a ganar, sino a convertirse en actores clave en la recomposición de alianzas después de la primera vuelta.
Algo similar ocurre con aspirantes que avanzan por firmas o avales minoritarios. Para muchos de ellos, el objetivo no es llegar a la Casa de Nariño, sino demostrar capacidad de movilización, negociar apoyos o proyectarse hacia otros cargos de poder. En ese sentido, la fragmentación no es un problema para todos: para algunos es una oportunidad.
El riesgo estructural aparece cuando se observa el impacto agregado de esta dinámica. Una primera vuelta con demasiados candidatos reduce los umbrales efectivos, distorsiona la representación del voto y puede llevar a que los dos finalistas pasen con porcentajes relativamente bajos. Desde una lectura estratégica, esto debilita la legitimidad inicial del ganador y complica la construcción de mayorías estables para gobernar.
Además, la falta de depuración temprana limita la capacidad de contraste programático. En lugar de un debate entre modelos de país, la campaña corre el riesgo de convertirse en una suma de discursos individuales compitiendo por atención, sin una narrativa dominante que ordene la discusión pública.
El calendario electoral ofrece una ventana para recomponer el tablero. El cierre de inscripciones el 13 de marzo y el periodo de modificaciones hasta el día 20 abren la posibilidad de retiros estratégicos y alianzas de última hora. Sin embargo, esas decisiones dependerán menos de convicciones ideológicas y más de cálculos fríos: encuestas, capacidad de financiación y expectativas de negociación.
En términos estratégicos, el escenario más probable es una reducción gradual, no abrupta, del número de candidatos. A diferencia de procesos anteriores, la depuración no se dará por consenso sino por desgaste. Quien no logre sostener visibilidad, recursos o estructura, terminará cediendo su lugar.
Así, la elección presidencial se perfila como una prueba no solo de popularidad, sino de lectura estratégica del poder. En un tablero tan fragmentado, no necesariamente ganará quien tenga más simpatías, sino quien logre convertir la dispersión ajena en ventaja propia, construir alianzas oportunas y llegar a la segunda vuelta con la narrativa de inevitabilidad. En política, ese factor suele ser tan decisivo como los votos mismos.
