Las recientes revelaciones atribuidas a Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, antiguo jefe de la estructura criminal La Inmaculada y hoy extraditado a Estados Unidos, han vuelto a encender la controversia alrededor del círculo más cercano del presidente Gustavo Petro. En un audio que circula en escenarios judiciales y políticos, el capo asegura haber financiado, de manera indirecta, la campaña presidencial de 2022 y haber tenido injerencia en decisiones relacionadas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), señalando directamente al hermano del mandatario, Juan Fernando Petro.
Aunque las afirmaciones no han sido respaldadas por pruebas públicas verificadas, su contenido ha generado un nuevo capítulo de tensión institucional, debido a que coincide con denuncias previas que ya habían sido puestas en conocimiento de los organismos de control.
Juan Fernando Petro, en declaraciones concedidas a EL TIEMPO, rechazó categóricamente los señalamientos y los calificó como una estrategia de desprestigio. Aseguró que nunca ha recibido recursos económicos de alias Pipe Tuluá, que no mantiene ningún tipo de relación personal con él y que la imagen que circula en la que supuestamente aparecen juntos carece de autenticidad.
La referencia a la DIAN y un episodio ya documentado
Uno de los elementos más sensibles del audio es la mención expresa a supuestos pagos relacionados con trámites o favores dentro de la DIAN. Este punto ha cobrado especial relevancia porque guarda relación con un episodio ocurrido a comienzos de 2025, cuando el entonces director de la entidad, Luis Carlos Reyes, denunció públicamente haber recibido una solicitud irregular por parte de Juan Fernando Petro.
De acuerdo con la versión de Reyes, el hermano del presidente visitó su despacho para sugerir el nombramiento de un recomendado como director seccional de Impuestos y Aduanas en Buenaventura, uno de los puertos más estratégicos del país y escenario histórico de contrabando y economías ilegales. La reunión, según el exfuncionario, se habría dado en compañía de personas posteriormente vinculadas a investigaciones por nexos con redes criminales.
Reyes afirmó que rechazó la solicitud y que informó de lo ocurrido tanto a la Corte Suprema de Justicia como a otros organismos competentes, lo que dejó un antecedente formal sobre la supuesta presión indebida.
Alertas internas y coincidencias inquietantes
A estos hechos se suma una advertencia realizada por Augusto Rodríguez, hoy director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien habría alertado sobre riesgos en algunos nombramientos dentro de la DIAN en Buenaventura. Aunque no existe una imputación directa, la coincidencia entre las advertencias internas y las afirmaciones del capo extraditado ha alimentado la percepción de que el caso podría ir más allá de simples declaraciones sin sustento.
El audio de Pipe Tuluá incluye la afirmación de que las supuestas pruebas serían entregadas a autoridades estadounidenses, lo que ha elevado el interés sobre una eventual cooperación judicial internacional. No obstante, hasta el momento no se conoce confirmación oficial de que ese material haya sido incorporado a procesos formales en Estados Unidos o en Colombia.
Fiscalía, silencio y un proceso abierto
La Fiscalía General de la Nación no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el contenido del audio. Sin embargo, el propio presidente Gustavo Petro recordó que, desde el inicio de su mandato, solicitó que se investigara cualquier conducta irregular atribuida a su hermano, en un intento por mantener distancia institucional frente a los señalamientos.
El caso también revive el debate sobre el llamado “pacto de La Picota”, una presunta estrategia de acercamiento con líderes criminales durante la campaña presidencial, versión que Juan Fernando Petro ha negado de manera reiterada. Aun así, él mismo ha reconocido que realizó actividades políticas en territorios con presencia de grupos armados ilegales y que dichas gestiones pudieron haber contribuido al resultado electoral.
Impacto político y desgaste institucional
Más allá de la eventual responsabilidad penal, el episodio tiene un fuerte impacto político. La participación de un capo extraditado, la mención de una entidad clave como la DIAN y la relación directa con el jefe de Estado configuran un escenario de alto riesgo para la estabilidad del discurso anticorrupción del Gobierno.
Mientras no se esclarezca la autenticidad del audio ni se determine si existen pruebas verificables que respalden las acusaciones, el caso seguirá moviéndose en el terreno de la controversia pública, la confrontación política y el desgaste institucional, en un país donde la desconfianza frente al poder sigue siendo uno de los principales desafíos democráticos.
