El debate sobre la transparencia en el manejo del sistema de salud sumó un nuevo episodio con la radicación de una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue a Laura Sarabia Torres, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido y exfuncionaria de alto nivel del Gobierno nacional. La solicitud surge tras señalamientos públicos que la vinculan con presuntas presiones para influir en nombramientos dentro de la Superintendencia de Salud.
La acción fue presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas y se apoya en declaraciones realizadas por el presidente Gustavo Petro y por el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal. Ambos han hecho referencia a la existencia de posibles interferencias políticas en la designación de interventores encargados de administrar varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) sometidas a control estatal.
De acuerdo con la queja, los señalamientos apuntan a un presunto esquema de direccionamiento administrativo que habría incidido en las decisiones adoptadas por la Superintendencia en medio del proceso de revisión financiera de las EPS. Según esta versión, los interventores designados habrían tenido un papel clave en la administración de recursos y en la priorización de pagos, lo que abrió un debate sobre eventuales vínculos políticos detrás de dichas decisiones.
El caso adquiere relevancia institucional debido a que el propio jefe de Estado sugirió que los nombramientos no habrían sido ajenos a disputas internas dentro del Gobierno. En ese contexto, el nombre de Laura Sarabia aparece mencionado como parte de una controversia que refleja tensiones en la cúpula del Ejecutivo y diferencias sobre el manejo del sector salud, uno de los más sensibles para la opinión pública.
Uno de los aspectos más delicados señalados en la denuncia es la posible existencia de un entramado externo para canalizar decisiones administrativas. Según lo expuesto, parte de este esquema estaría relacionado con una empresa constituida en España, lo que amplía el alcance de las investigaciones y genera interrogantes sobre la eventual internacionalización de las presuntas irregularidades.
Ante el avance del caso, Laura Sarabia optó por activar mecanismos judiciales para esclarecer su situación. A través de su equipo de defensa, presentó una solicitud ante la Fiscalía General de la Nación para que se practiquen diligencias que, según su versión, permitirán demostrar que no tuvo injerencia alguna en la designación de interventores del sector salud.
La abogada Lina Sandoval, quien representa a la embajadora, indicó que se han aportado conversaciones digitales que respaldan la tesis de que Sarabia no intervino en los procesos cuestionados. Además, afirmó que su clienta ha sido objeto de versiones imprecisas y de una narrativa de desinformación que ha contribuido a escalar el escándalo en el escenario político y mediático.
Dentro de las pruebas solicitadas, la defensa pidió que el presidente Gustavo Petro rinda declaración juramentada para explicar el origen de la información que dio lugar a los señalamientos. Para los abogados, este paso es clave para establecer si las acusaciones se sustentan en hechos verificables o en reportes erróneos transmitidos dentro del Gobierno.
Asimismo, se solicitó el análisis de registros de cámaras de seguridad del Palacio de Nariño y de comunicaciones correspondientes al 30 de octubre de 2024, fecha que, según la defensa, resulta determinante para reconstruir los hechos. Ese día se habrían llevado a cabo reuniones en el despacho presidencial con la participación de altos funcionarios del sector salud, convocados para explicar el origen de las hojas de vida de los interventores.
La defensa también recordó que en agosto de 2024 Sarabia emitió una directriz interna en la que dejó constancia de que ninguna persona estaba autorizada para impartir instrucciones en su nombre, y que cualquier orientación debía ser verificada previamente, lo que, según su versión, contradice las acusaciones de presiones indebidas.
Mientras la Procuraduría evalúa si abre una investigación disciplinaria formal, el caso continúa generando repercusiones políticas y reaviva el debate sobre los límites de la influencia política en los organismos de control. El desenlace de este proceso será determinante no solo para establecer responsabilidades individuales, sino también para medir el impacto del escándalo en la credibilidad institucional del Gobierno y en la confianza ciudadana sobre la gestión del sistema de salud.
