La Gran Consulta por Colombia abrió el pulso presidencial de 2026 con un debate centrado en economía, seguridad y crisis social

La carrera hacia la Presidencia de la República en 2026 comenzó a definirse con el primer gran debate de la Gran Consulta por Colombia, un escenario que reunió a los nueve precandidatos de centro y centroderecha que buscarán convertirse en el aspirante único de esta coalición. El encuentro, organizado por la alianza informativa de EL TIEMPO, Noticias RCN y La FM, marcó un punto de partida clave en la contienda electoral y permitió observar las principales coincidencias y fracturas entre los aspirantes.

Durante cerca de dos horas, los candidatos expusieron sus propuestas frente a una audiencia que puso sobre la mesa los temas que hoy más inquietan a los colombianos: el deterioro de la economía, la inseguridad creciente, la incertidumbre en el sistema de salud y los desafíos estructurales de la educación. El debate no solo fue un ejercicio programático, sino también una vitrina política para medir liderazgos, experiencia y capacidad de respuesta frente a una ciudadanía cada vez más escéptica.

Economía: el consenso sobre el ajuste y la desconfianza en más impuestos

El bloque económico evidenció una coincidencia transversal: la mayoría de los precandidatos descartó la posibilidad de nuevas reformas tributarias y coincidió en que el país debe concentrarse en reducir el tamaño del Estado y recuperar la confianza del sector productivo.

Las preguntas ciudadanas abordaron asuntos sensibles como el salario mínimo, el déficit fiscal, el endeudamiento externo, el futuro del sistema pensional y la política energética. Mauricio Cárdenas planteó que Colombia enfrenta una crisis profunda de financiamiento y defendió una estrategia orientada a recortar gastos superfluos sin afectar a los hogares. En esa misma línea, propuso avanzar hacia una reducción gradual de impuestos que, a su juicio, han frenado la inversión y el crecimiento.

Juan Carlos Pinzón fue aún más directo al señalar que el aparato estatal se ha vuelto insostenible. Propuso eliminar estructuras burocráticas innecesarias, reducir nóminas paralelas y revisar la presencia diplomática del país como mecanismo para liberar recursos y reactivar la economía. Además, planteó incentivos tributarios temporales para estimular la generación de empleo.

David Luna centró su intervención en el sistema pensional y la informalidad laboral, advirtiendo que cada vez menos jóvenes cotizan y que la sostenibilidad del sistema depende de una mayor formalización. Aseguró que su propuesta no contempla elevar la edad de jubilación, sino ampliar la base de cotizantes.

Desde otra perspectiva, Juan Manuel Galán insistió en que la productividad debe ser el eje de cualquier estrategia económica. Señaló que la falta de confianza entre el Estado y los ciudadanos ha debilitado la inversión y propuso modernizar entidades clave como la Dian para mejorar la eficiencia del recaudo sin aumentar la presión fiscal.

El sector energético también ocupó un lugar relevante en el debate. Paloma Valencia defendió la necesidad de fortalecer la autosuficiencia energética del país para garantizar estabilidad y precios competitivos. Aníbal Gaviria, por su parte, hizo énfasis en reconstruir una relación armónica entre el sector público y el privado, con reglas claras y estables que promuevan la inversión y la creación de empleo.

En cuanto al sector de la construcción, Enrique Peñalosa criticó lo que calificó como un freno deliberado a uno de los principales motores de la economía. Propuso impulsar programas de vivienda nueva y usada, y aseguró que el acceso a vivienda no solo dinamiza el empleo, sino que mejora la calidad de vida en las ciudades.

Seguridad: entre la mano dura y los enfoques integrales

La seguridad se consolidó como uno de los ejes más sensibles del debate. Las intervenciones reflejaron la preocupación por la extorsión urbana, la expansión de los grupos armados ilegales y la pérdida de control territorial en varias regiones del país.

Vicky Dávila enfocó su discurso en el miedo cotidiano que enfrentan los ciudadanos y en la necesidad de recuperar la confianza para denunciar. Propuso una estrategia de persecución directa contra las estructuras criminales y planteó la cooperación internacional como una herramienta clave para enfrentar el crimen organizado.

Juan Manuel Galán propuso atacar las finanzas de los grupos armados y restablecer la cooperación con agencias internacionales en la lucha contra el narcotráfico. Aníbal Gaviria sostuvo que la violencia no puede abordarse desde lecturas ideológicas y pidió respaldo pleno a la Fuerza Pública, acompañado de mayor inversión en tecnología y capacidades operativas.

Enrique Peñalosa rechazó cualquier tipo de negociación con organizaciones criminales y defendió la autoridad del Estado como principio fundamental. Juan Carlos Pinzón, apelando a su experiencia como ministro de Defensa, aseguró que cuenta con el conocimiento y la capacidad para liderar una estrategia de seguridad firme desde la Presidencia.

Mauricio Cárdenas planteó la necesidad de cerrar la política de ‘paz total’ y retomar una estrategia de control territorial más contundente. En contraste, Juan Daniel Oviedo cuestionó las soluciones basadas exclusivamente en el uso de la fuerza y propuso una política de seguridad que combine inteligencia, prevención y escucha activa de las comunidades.

David Luna defendió la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016 como una obligación del Estado, al tiempo que insistió en fortalecer a la Fuerza Pública. Paloma Valencia propuso una transformación del sistema judicial apoyada en inteligencia artificial y un nuevo plan integral contra el narcotráfico, enfocado en golpear las finanzas de las organizaciones criminales.

Salud y educación: el cierre del debate

En el tramo final, los candidatos abordaron la crisis del sistema de salud y los retos en educación. En salud, hubo consenso en que la incertidumbre institucional ha afectado directamente a los pacientes, especialmente en la entrega de medicamentos.

Mauricio Cárdenas habló de un plan de choque para estabilizar el sistema, mientras que Juan Daniel Oviedo defendió la permanencia de las EPS bajo una vigilancia estricta. Enrique Peñalosa afirmó que su experiencia administrativa le permitiría corregir las fallas actuales, y Juan Carlos Pinzón señaló que los problemas responden a una visión ideológica que ha debilitado el modelo. David Luna destacó la importancia de priorizar la salud mental dentro de las políticas públicas.

En educación, Paloma Valencia anunció su intención de retomar programas de acceso a la educación superior y ampliar la formación técnica para jóvenes que no estudian ni trabajan. Juan Manuel Galán sostuvo que las políticas educativas deben enfocarse en la niñez y estar acompañadas de estrategias que fortalezcan la independencia económica de las mujeres cabeza de hogar.

Un primer termómetro político

El debate concluyó con una ronda de respuestas breves que permitió medir alineamientos y distancias frente a una eventual segunda vuelta. Aunque varios aspirantes expresaron confianza en que el próximo presidente saldrá de la Gran Consulta por Colombia, también quedó claro que la coalición no es homogénea y que las diferencias marcarán el rumbo de la campaña.

Este primer debate no solo abrió oficialmente la competencia interna, sino que dejó en evidencia que la discusión presidencial estará atravesada por la urgencia de recuperar la seguridad, estabilizar la economía y reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.