La relación entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y las regiones entró en una fase de alta tensión luego de que un grupo de 17 gobernadores anunciara que no aplicará un decreto expedido en el marco de la emergencia económica, al considerar que afecta gravemente las finanzas departamentales y desconoce la autonomía territorial consagrada en la Constitución.
La determinación se tomó este jueves 15 de enero durante una reunión extraordinaria realizada en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND), en Bogotá. Allí, los mandatarios coincidieron en que el ajuste al impuesto al consumo de licores y tabaco, incluido en la normativa de emergencia, representa un riesgo fiscal para las regiones al desincentivar el consumo y comprometer una de sus principales fuentes de ingresos.
Los departamentos que anunciaron su negativa a implementar la medida son Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés, Caquetá, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Antioquia. Como estrategia jurídica, los gobernadores acordaron interponer acciones de tutela de manera individual y solicitar a la Corte Constitucional que evalúe la constitucionalidad del decreto.
Mientras se produce un fallo de fondo, los mandatarios decidieron suspender su aplicación mediante la figura de la excepción de inconstitucionalidad, un mecanismo que permite a las autoridades abstenerse de aplicar normas que consideren contrarias a la Carta Política.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, explicó que la FND entregará un concepto jurídico unificado que servirá de soporte para la decisión de los departamentos. “Cada gobernador hará uso de esta herramienta en su territorio, pero la decisión ha sido tomada de manera conjunta”, señaló.
En Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón afirmó que el decreto impone una carga tributaria desproporcionada y constituye una amenaza directa a la autonomía fiscal regional. Según explicó, la excepción de inconstitucionalidad es una defensa legítima frente a actos que, a su juicio, desbordan los límites constitucionales.
El anuncio generó una reacción inmediata del Gobierno nacional. El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó públicamente la decisión y advirtió que desconocer un decreto equivale a incumplir la ley. En sus declaraciones, señaló que los gobernadores no pueden asumir funciones que corresponden a la Corte Constitucional y mencionó la posibilidad de responsabilidades penales y patrimoniales por los recursos que el Estado dejaría de recaudar.
Desde las regiones, las respuestas no tardaron. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, rechazó las afirmaciones del ministro y sostuvo que los mandatarios están actuando dentro del marco jurídico. “Estamos acudiendo a las instancias judiciales y haciendo uso de herramientas legales que nos otorga la Constitución, porque consideramos que este decreto viola principios fundamentales”, afirmó.
Este enfrentamiento marca un hecho inédito durante el actual mandato presidencial, ya que es la primera vez que más de la mitad de los gobernadores del país desconocen de forma coordinada una medida adoptada por el Ejecutivo en más de tres años de gobierno.
La Federación Nacional de Departamentos respaldó la posición de los mandatarios y, mediante un comunicado, advirtió que la aplicación del decreto pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los departamentos y su capacidad para garantizar servicios esenciales como salud, educación y deporte.
Además, la entidad pidió respeto por la institucionalidad regional y cuestionó el señalamiento del ministro del Interior, al considerar que deslegitima la autoridad democrática de los gobernadores y desconoce su responsabilidad de proteger los intereses de las comunidades que representan.
En medio del pulso político, los gobernadores solicitaron al Gobierno la convocatoria urgente de Consejos Regionales de Seguridad para revisar las medidas del Plan Democracia y reforzar acciones de inteligencia frente a riesgos como el constreñimiento electoral, el control territorial y otras amenazas a la seguridad regional.
Finalmente, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, advirtió que se podrían iniciar acciones judiciales contra los mandatarios que se nieguen a aplicar los decretos de la emergencia económica, lo que anticipa un enfrentamiento jurídico que ahora deberá resolverse en los estrados judiciales.
