La declaratoria de emergencia económica anunciada por el presidente Gustavo Petro abrió un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso. Esta vez, el pulso se centra en los alcances del control político que pretende ejercer el Legislativo y en el momento en que puede hacerlo, lo que ha generado un cruce público de mensajes entre el presidente del Congreso, Lidio García, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Aunque el Senado fue convocado a sesiones extraordinarias para este viernes con el objetivo principal de tramitar ascensos en las Fuerzas Militares y de Policía, desde el Capitolio se ha planteado aprovechar ese escenario para iniciar el debate político alrededor de la emergencia económica decretada por el Gobierno. Sin embargo, desde la Casa de Nariño se advierte que dichas sesiones no pueden ser utilizadas formalmente para examinar los decretos de excepción.
El presidente del Congreso confirmó que el próximo 26 de diciembre la plenaria del Senado se reunirá y que, en ese marco, se dará inicio al control político sobre la medida adoptada por el Ejecutivo. En declaraciones a medios de comunicación, García sostuvo que el Congreso no puede permanecer al margen de una decisión de tal magnitud y aseguró que la corporación continuará sesionando hasta que exista claridad jurídica y política sobre la emergencia.
El senador liberal recordó además que el Legislativo ya había rechazado la reforma tributaria con la que el Gobierno buscaba recaudar más de 16 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026. A su juicio, acudir a una emergencia económica para suplir la falta de respaldo parlamentario equivale a desconocer las competencias del Congreso y a poner en riesgo el equilibrio entre los poderes públicos.
Según García, aceptar que la negativa del Congreso a una iniciativa fiscal pueda considerarse una causal de emergencia abriría la puerta a que cualquier proyecto tributario deba aprobarse obligatoriamente, lo que desdibujaría la función deliberativa del Legislativo y fortalecería de manera indebida al Ejecutivo. En ese mismo escenario, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, anunció la presentación de una proposición para activar el control político sobre la decisión presidencial.
Desde el Gobierno, la respuesta no tardó en llegar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la validez de un eventual análisis de la emergencia económica en sesiones virtuales y recordó que este mecanismo solo es procedente bajo circunstancias excepcionales, como desastres naturales o situaciones que impidan el desplazamiento de los congresistas. En su criterio, una discusión de fondo no podría adelantarse mientras el Ejecutivo no remita oficialmente los documentos que sustentan la declaratoria.
Benedetti subrayó que el informe técnico y jurídico que respalda la emergencia será enviado en los tiempos establecidos por la ley y aseguró que tanto él como los demás ministros acudirán a las citaciones que convoque el Congreso una vez se cumplan los requisitos formales.
En paralelo, el presidente Gustavo Petro defendió la medida en una extensa alocución televisada el pasado 23 de diciembre, en la que advirtió sobre los riesgos económicos que, según su diagnóstico, enfrenta el país. El mensaje presidencial, de más de una hora de duración, tuvo también un marcado tono político, con referencias al futuro del proyecto de gobierno de cara a las elecciones de 2026.
Por su parte, la Corte Constitucional informó que no adelantará sesiones extraordinarias para revisar los decretos de emergencia y que el estudio de fondo se realizará una vez finalice la vacancia judicial en enero. Este anuncio motivó nuevas reacciones desde la oposición. El expresidente Álvaro Uribe Vélez informó que el partido Centro Democrático presentó una acción de tutela con el propósito de frenar la medida excepcional adoptada por el Ejecutivo.
Así, la emergencia económica no solo se perfila como un debate jurídico, sino como un nuevo escenario de confrontación política que marcará la relación entre el Gobierno y el Congreso en el inicio del próximo año legislativo.
